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Prestamos Rapidos: Como obtenerlos gratis sin intereses

2020.10.16 13:28 teleprestamos Prestamos Rapidos: Como obtenerlos gratis sin intereses

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Préstamos rápidos: las buenas cualidades y los contras

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2018.03.02 22:22 Valmendez Lo que debes saber antes de ir al ginecólogo

Lo que debes saber antes de ir al ginecólogo. Al acudir con el medico ginecólogo para un chequeo de rutina es importante tomar en cuenta algunas cosas para una mejor realización del chequeo. El ginecólogo realizara algunas preguntas personales, una revisión y preguntas finales las cuales son importantes para un correcto historial médico. A continuación, observaras algunos consejos sobre lo que debes hacer antes de acudir al ginecólogo: Cero ciclos menstruales Es de gran importancia tomar en cuenta que si estas en tus días el ginecólogo no podrá examinarte adecuadamente por tu estado. Lo mejor es agendar cita después de tu ciclo menstrual o antes de él. Nada de mentiras El hecho de acudir al médico y a un chequeo es sumamente importante no mentirle ya que puede ser esencial cualquier detalle que él te pregunte, además de que al ocultar o mentir está siendo un examen médico mal. Secreto profesional A veces una suele tener miedo o pena de contarle todo al médico. Sin embargo, un tema de gran relevancia es saber qué pasa con la información que se le da. En realidad, no hay de qué preocuparse ya que el medico este obligado al secreto profesional, es decir, que no tiene por qué contarle tus situaciones a nadie. Al momento de realizar una cita dependiendo para que examen hay que preguntar en que cuestiones se tiene que acudir, ya sea para examen de orina, sangre, colposcopia, papanicolaou entre otros. El chequeo al médico se debe hacer una vez al año por lo menos previniendo o diagnosticar a tiempo cualquier problema que se tenga por muy pequeño que sea evitando que crezca y dañe aún más la salud femenina. PAGINAS RECOMENDADAS SOBRE ESTE TEMA: http://www.medicacenterfem.com/servicios/ginecologia-df/ https://www.definicionabc.com/salud/ginecologia.php
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2016.06.05 19:48 ShaunaDorothy EE.UU.: Cacería de brujas asesina “Delincuentes sexuales” marcados por el estado: Parias de por vida (Febrero de 2014)

https://archive.is/HdHvI
Espartaco No. 40 Febrero de 2014
Durante las últimas décadas, la policía sexual de este país ha capturado a cerca de un millón de personas. Se les encarcela, se les humilla públicamente y se les pone en peligro mediante los registros de “delincuentes sexuales” en Internet, se les rastrea con tobilleras de GPS, se les expulsa de sus propias comunidades y se les obliga a vivir bajo los puentes o en los bosques. Se han convertido en parias sociales, en los leprosos de la actualidad.
Incluso mientras el matrimonio gay —y los boy scouts (abiertamente) gays— son cada vez más aceptados, el esfuerzo de los gobernantes por legislar el sexo y la “moralidad” parece no tener fin. Su más reciente expresión es el frenesí azuzado contra un supuesto brote de incorregibles “depredadores sexuales”, especialmente los que supuestamente tienen como blanco a niños en Internet (es decir, un mundo fantástico) o a través de la pornografía (también pura fantasía). No hay tal epidemia; sin embargo, parece haber un gran número de policías infiltrados al acecho en los chat rooms. Se ha victimizado a miles sólo por mirar pornografía o por intentar comunicarse con otros, por no hablar del sexo consensual con menores, nada de lo cual sería un crimen en una sociedad racional.
Tal como ocurrió con la histeria de los años ochenta y noventa sobre las supuestas redes satánicas de abuso de menores en las guarderías, el depredador de Internet es un mito manufacturado por el gobierno y los medios. Incitando y manipulando el miedo y las actitudes sociales atrasadas, su finalidad subyacente es legitimar y fortalecer los poderes del estado capitalista. Mientras los políticos demócratas y republicanos sermonean sobre “proteger a nuestra niñez”, los imperialistas estadounidenses bombardean a niños en todo el mundo y millones pasan hambre incluso en este país, donde la tasa de mortalidad infantil llega al lugar 51 del mundo.
Entre las innovaciones legales más perniciosas, diseñadas para aumentar el control del gobierno, están las leyes federales que firmó el presidente demócrata Bill Clinton a mediados de los noventa y que le exigen a los delincuentes sexuales liberados que se registren en Internet y notifiquen a la comunidad su paradero. Otro estatuto le exige a las autoridades estatales que transmitan sus datos y huellas digitales al FBI para que éste forme una base de datos nacional. También está el “confinamiento civil”, que permite mantener a los prisioneros recluidos más allá del término de sus sentencias. Con estas leyes, los convictos de delitos sexuales se ven inmersos en un laberinto kafkiano de presunta culpabilidad, ostracismo social, castigos preventivos, miedo y violencia, frecuentemente de por vida.
Para Charles Parker de Jonesville, Carolina del Sur, y para su esposa, registrarse como delincuente sexual fue una sentencia de muerte. En julio, Jeremy Moody halló el nombre de Parker en el registro y ubicó su hogar en un mapa, se dirigió ahí y disparó y apuñaló a la pareja. “No he venido a robarte. He venido a matarte porque eres un abusador de niños”, dijo Moody, quien tiene la palabra “skinhead” [cabeza rapada] tatuada en el cuello. (Parker no había sido convicto por abuso de menores.) Posteriormente, Moody admitió que se preparaba para matar a otra persona que figuraba en el registro.
Un caso de estudio: Los Friedman
Hace poco volvió a las noticias el caso de Arnold Friedman y su hijo adolescente Jesse, documentado en la escalofriante película nominada al Oscar de 2003 Capturando a los Friedman. La película muestra cómo los dos hombres de Long Island, víctimas del abuso policiaco, la histeria de la comunidad y el sesgo judicial, fueron obligados a confesar en falso decenas de casos de abuso de menores que supuestamente ocurrieron en las clases de computación de Arnold, con la ayuda de Jesse. Un amigo adolescente de éste, Ross Goldstein, también fue condenado a trece meses de prisión tras ser obligado a confesar y a hacer acusaciones falsas contra Jesse.
Los cargos de esa cacería de brujas iban desde lo inverosímil hasta lo imposible. Como lo puso Jesse Friedman, un niño de diez años que asistía a las clases semanalmente alegó que había sido forzado a tener sexo anal u oral 30 veces en un periodo de diez semanas y —tras reinscribirse— fue violado 41 veces a lo largo del siguiente año. Entre lo que un cargo describía como abusos en grupo se incluía el “salto de rana”, en el cual Arnold y Jesse supuestamente sodomizaban a toda la clase de niños desnudos saltando de uno al otro. Pese a las historias de violencia física, abuso verbal y sexo forzado frente a toda la clase, no se presentó una sola evidencia: ni moretones ni ropa manchada de sangre. Ni uno solo de los padres expresó la menor sospecha hasta que la policía llegó a sus casas a interrogar a sus hijos.
El único hecho incuestionable es que en 1987 los agentes aduanales interceptaron un paquete dirigido a Arnold Friedman que contenía pornografía infantil, lo que llevó a la policía a allanar el hogar de los Friedman en el suburbio de Nueva York de Great Neck. La policía confiscó unas 20 revistas de pornografía infantil tomadas de varias partes de la casa y una lista de los niños que asistían a las clases de Arnold.
¡Al poseer pornografía infantil, Arnold Friedman no cometió crimen alguno! Fotografías, sexo de fantasía, entretenimiento: la pornografía no hace daño a nadie. ¿Cuántos de nosotros podríamos librarnos de la prisión si los “pensamientos desviados” se castigaran con cárcel? Al contrario de ciertos feministas y de los maoístas del Revolutionary Communist Party [Partido Comunista Revolucionario], quienes quisieran prohibir la pornografía sobre la espuria base de que provoca violencia contra la mujer, nosotros reconocemos que las leyes antipornografía dañan a todos al legitimar la censura y desatar la interferencia estatal en la vida privada. Nos oponemos a las leyes contra la pornografía y a las leyes contra los “crímenes sin víctimas”, como la prostitución, las drogas y las apuestas. ¡El gobierno debería sacar los ojos, oídos y narices de las alcobas y de las vidas privadas de la gente!
Según la retorcida lógica que esta sociedad promueve, Arnold Friedman, espectador de pornografía, debía ser por lo tanto un abusador de menores, por lo que fue condenado a una sentencia de diez a 30 años de prisión y murió en la cárcel en 1995, aparentemente por suicidio. Jesse recibió una sentencia de seis a 18 años tras las rejas. Lo liberaron en 2001 después de trece años, sólo para que comenzara una cadena perpetua de persecución legal y social.
Ya antes de que comenzara el juicio, las autoridades promovieron la noción de que cada uno de los estudiantes de Arnold debía ser considerado una víctima. Cientos de padres de familia histéricos se apiñaron en reuniones comunitarias exigiendo asesoría sobre cómo ayudar a sus hijos. Se les dijo que fueran a terapia. Años después, muchas supuestas víctimas testificaron respecto al terrible daño que sufrieron ellos y sus familias cuando el estado los obligó a inventar historias, y luego por la subsiguiente “terapia” basada en esas ficciones.
En 2013, la oficina del mismo fiscal que condenó a los Friedman revisó el caso en respuesta a una acusación de calumnia que el Tribunal de Apelaciones del II Distrito emitió en 2010. El tribunal escribió: “Aquí las actas indican una ‘probabilidad razonable’ de que Jesse Friedman fuera injustamente sentenciado”. Para la revisión de la fiscalía, Ross Goldstein (a quien los documentos legales se refieren como Kenneth Doe) habló por primera vez en 23 años. En un documento de nueve páginas dirigido al fiscal de distrito, afirmó: “Ninguno de los sucesos que Kenneth Doe supuestamente describió o que se atribuyen a él tuvo lugar en realidad”. Goldstein reunió a numerosos ex alumnos que hoy afirman que en las clases no ocurrió absolutamente nada y que la policía los intimidó para que rindieran falsos testimonios. Sin embargo (predeciblemente), el resultado del autoexamen fue que la oficina del fiscal se absolvió a sí misma de cualquier falta en el proceso.
La sexualidad infantil y el estado
El caso Friedman, una tragedia incesante para toda una familia, subraya varias cuestiones políticas importantes. El enfoque de la Spartacist League deriva de nuestra concepción marxista del mundo y nos enfrenta con el moralismo burgués y con frecuencia también con muchos grupos autodenominados socialistas. La sexualidad humana es muy amplia, pero su práctica está condicionada por cada sociedad particular. La sociedad burguesa estadounidense, con su componente de fanatismo religioso, destina una cantidad considerable de energía a delimitar los apetitos sexuales en nombre del orden social. Con sus policías, jueces y prisiones, la intervención del estado en las relaciones sexuales privadas tiene como fin imponer la moralidad que profesa la burguesía, y con frecuencia transforma una experiencia inofensiva y muchas veces positiva en una pesadilla. El estado burgués no es ni un árbitro neutral ni un protector de la ciudadanía; existe para asegurar la conservación del dominio capitalista.
La premisa de muchas leyes contra el sexo es que los niños son seres asexuales. De manera absurda, los púberes y los adolescentes con las hormonas desbocadas son considerados niños. De hecho, la sexualidad es parte de la constitución humana desde la infancia. Como discutimos con amplitud en el artículo “Unholy Alliance of Feminists and Christian Right—Satan, the State and Anti-Sex Hysteria” (La impía alianza de los feministas y la derecha cristiana—Satanás, el estado y la histeria antisexo, Women and Revolution No. 45, invierno-primavera de 1996), los niños son pequeños animales inquisitivos que en su camino a la madurez llevan a cabo experiencias y observaciones sexuales y de todo tipo. Tal como ocurre con otras especies de primates, el sexo entre los humanos tiene un amplio componente de aprendizaje. Hoy, en gran parte del país se le niega a la juventud el acceso oportuno a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual, dejándola vulnerable a los embarazos no deseados y a las enfermedades de transmisión sexual. Si intenta actuar como la televisión e Internet le enseña, se mete en problemas.
Las leyes contra el estupro varían mucho de un estado a otro, pero todas criminalizan toda actividad que un tribunal considere sexual por el solo hecho de que un menor (alguien que no haya llegado a la “edad de consentimiento”) participe en ella, independientemente de si lo que suceda sea o no consensual. La ley mezcla deliberadamente el sexo consensual con el ataque sexual violento y con la violación. Cualquiera que sea hallado culpable de haber tenido sexo con un menor, o cualquier cosa considerada contacto sexual, se considera automáticamente un delincuente violento. La designación “depredador” puede aplicarse cuando un tribunal decide que una relación fue establecida o promovida con fines de “victimización”.
El único lineamiento para cualquier relación sexual debería ser el consentimiento efectivo —es decir, el entendimiento mutuo de las partes participantes— independientemente de la edad, el género o la preferencia sexual. Sin duda, determinar incluso lo más básico —por ejemplo, si un acto tuvo lugar realmente y si fue consensual— puede ser problemático a veces. Y ciertamente hay muchos casos en que la víctima de una violación o de un abuso violento puede recurrir a la ley. Al mismo tiempo, como alguna vez comentó el dramaturgo irlandés Brendan Behan en un contexto diferente: “Nunca he visto una situación tan terrible que un policía no pueda empeorar”. Además, desentrañar las cuestiones de la sexualidad humana del entramado de prejuicios sociales es casi imposible en esta sociedad dividida en clases y razas. Libre de la crueldad y la fría indiferencia que resultan de la búsqueda de ganancia, una sociedad socialista buscaría un enfoque científico a estas cuestiones difíciles.
Enciérrenlos...
Las leyes antisexo han creado una enorme masa de blancos potenciales, alimentando pesquisas con vastas sumas de dinero para trabajo encubierto y alentando procesos fraudulentos mediante el uso de oscuras invenciones siquiátricas y “testigos expertos”. En consecuencia, cada vez más víctimas caen en las fauces del sistema carcelario estadounidense, que ya es el mayor del mundo. Las cifras de la guerra contra los “depravados” sexuales se suman a las de la anterior “guerra contra el crimen” y a la continua “guerra contra las drogas”, eufemismos para nombrar la persecución legal racista que ha cuadruplicado la población carcelaria a cerca de 2.2 millones de personas al día de hoy, de las cuales casi la mitad son negras.
Desde los años setenta hasta hoy, el número de personas encarceladas como delincuentes sexuales se ha multiplicado. El libro Sex Panic and the Punitive State (Pánico sexual y el estado punitivo, University of California Press, 2011), de Roger N. Lancaster, aporta una investigación útil que describe el desarrollo de estos pánicos y muestra con precisión cuán vasto es el archipiélago de víctimas de la persecución sexual estatal. Lancaster escribe: “Nacionalmente, los casos reportados de abuso infantil saltaron de seis mil en 1976 a 113 mil en 1985 y a 350 mil en 1988: la cifra se multiplicó 58 veces en doce años”. Apuntando al terror irracional al “desconocido que acecha”, en un artículo publicado en el New York Times del 20 de agosto de 2011 titulado “Sex Offenders: The Last Pariahs” [Delincuentes sexuales: Los últimos parias], señaló: “El riesgo de que un niño sea asesinado por un depredador sexual desconocido es comparable al de morir fulminado por un rayo”. Lancaster también señala que “la mayoría de los perpetradores de abusos sexuales son miembros de la familia, parientes cercanos, amigos o conocidos de la familia de la víctima”.
Las cacerías de brujas antisexo han sido usadas para deshacerse de elementos básicos que los estadounidenses habían aprendido a considerar inherentes a la democracia, así como la “guerra contra el terrorismo” ha destripado toda una gama de derechos constitucionales. Como puede verse en el caso Friedman, lo primero que se pierde es la privacidad, seguida de la presunción de inocencia, cuando los acusados son satanizados. Luego se marca a los convictos de por vida. Hoy, cerca de 750 mil personas están en el registro de Internet que instituyó la “Ley Megan” de la era Clinton, promulgada tras el brutal asesinato de la pequeña Megan Kanka de siete años en un ataque sexual en 1994.
Al salir de la cárcel, Jesse Friedman —quien para empezar no había hecho nada— fue clasificado como “depredador sexual violento nivel III”, es decir, como alguien en alto riesgo de reincidir y como una amenaza a la seguridad pública. Como tal, tuvo que abandonar su casa tres veces. Con respecto a las restricciones de residencia, que le prohíben la proximidad con niños, escribió en su página web: “Si miras un mapa, te darás cuenta de que eso significa prácticamente cualquier parte. En algunos estados y ciudades se me prohibiría estar en cualquier lugar ‘donde se sabe que los niños se congregan’, incluyendo bibliotecas, museos, acuarios, playas e incluso eventos deportivos públicos”. “La Ley Megan”, escribió, “es el exilio social”.
Otros miles han sido convertidos en parias de manera similar. En Southampton, un destino vacacional para las celebridades neoyorquinas y los tiburones de Wall Street, unos 40 hombres convictos de diversos delitos sexuales se ven obligados a vivir en dos tráilers alejados de los centros habitados. Sólo uno de los tráilers tiene regadera y los que viven en el otro tienen que tomar el autobús dos veces por semana para ducharse.
La novela agudamente realista de Russell Banks, Lost Memory of Skin (La memoria perdida de la piel, HarperCollins, 2011), explora el horrendo mundo de los nuevos parias. El héroe es un joven tímido e ingenuo al que se le llama “el Chico”, cuyo fiel compañero y único amigo es su iguana Iggy. El Chico va a conocer a “brandi18”, con quien había tratado sólo por Internet, sólo para encontrarse con que en casa de ella lo esperan el padre de Brandi y cinco policías. Tras ser arrestado y condenado, se halla a sí mismo sin hogar, viviendo bajo un puente junto a otros “delincuentes sexuales”, pepenando comida de los basureros. En nombre de políticos que buscan un encabezado de prensa, la policía allana incluso ese lugar diminuto, sucio y semioculto, con resultados trágicos. A estos hombres del puente se les obliga implacablemente a recargar constantemente sus tobilleras de monitoreo:
“Toma media hora cargar completamente la batería del monitor, y durante esa media hora el Chico se siente íntimamente conectado a los demás millones de delincuentes sexuales, jóvenes, viejos y de otras edades...todos los cuales han conectado sus tobilleras electrónicas a contactos y están sentados en alcobas, salas y sótanos de casas, apartamentos y remolques, en estacionamientos, refugios de indigentes, parques públicos, aeropuertos, estaciones de tren, salas de espera, oficinas, en las trastiendas de restaurantes de comida rápida, bajo pasos a desnivel y puentes peatonales —como si todos ellos fueran hojas temblorosas en las ramas grandes y pequeñas de un vasto árbol eléctrico cuya sombra cubriera todo el país—”.
...y tiren la llave
Las diversas leyes estatales y federales de “confinamiento civil” que se han aprobado desde 1990 son una burla de la noción de “cumplir tu sentencia” y de la pretendida rehabilitación. Por ejemplo, la “Ley Adam Walsh de Protección y Seguridad de los Niños” de 2006 posibilita la detención indefinida de cualquier prisionero federal —incluso si nunca ha sido convicto de ningún delito sexual— que haya cumplido su sentencia pero sea considerado mentalmente “anormal” y se crea probable que cometa algún delito sexual en el futuro.
En el artículo “When the Feds Decide Who’s Sexually Dangerous” [Cuando los federales deciden quién es sexualmente peligroso], publicado en The Atlantic (20 de mayo de 2010), Wendy Kaminer señala: “Quienes confían en la burocracia federal y creen que los funcionarios usarán su poder adecuadamente, con imparcialidad y buena fe, pueden sentirse protegidos por él; a los demás debe preocuparles que el gobierno pueda detener ciudadanos indefinidamente, sin juicios con jurado, basándose en especulaciones sobre su futura peligrosidad”. Díganselo a los prisioneros de Guantánamo.
Bajo algunas leyes estatales, los sometidos a confinamiento civil pueden tener derecho a un proceso ante un juez, pero no a un juicio con la posibilidad de preparar una defensa. La mayoría no recibe “tratamiento” y prácticamente nadie obtiene algo de él. ¡Incluso se dio el caso de un hombre de Wisconsin de 102 años que no pudo someterse a tratamiento por fallas en la memoria y problemas de oído!
Hasta 2007, dos mil 700 hombres estaban recluidos en centros de confinamiento civil. Para escapar de las garras de estas instituciones penales/“terapéuticas” en las que se encuentran sepultados, algunos prisioneros incluso solicitan ser castrados, como lo relata el artículo “The Science of Sex Abuse” [La ciencia del abuso sexual] de Rachel Aviv (The New Yorker, 14 de enero de 2013). La primera persona detenida bajo la Ley Adam Walsh, Graydon Comstock, cuestionó la legislación en un caso ante la Suprema Corte en 2010. Aviv observa: “Para cuando el caso fue atendido, cuatro años después de que la sentencia criminal de Comstock expirara, él tenía ya 67 años y padecía del corazón, de diabetes e incontinencia. Ya dos veces había solicitado ser castrado, creyendo que la operación ayudaría en su caso, pero se le dijo que no estaba médicamente justificada”. En años recientes, la Suprema Corte ha refrendado diversos estatutos del confinamiento civil.
El poderoso análisis de Aviv de los horrores del confinamiento civil gira en torno al caso real de un soldado solitario llamado John, que se hizo amigo en un chat room de “Indy-Girl”. Sí, era un policía encubierto. El soldado, invitado a un tentador picnic al aire libre, rápidamente fue capturado por la Unidad Militar de Investigaciones y el FBI. John fue sentenciado a 53 meses en una prisión federal por poseer pornografía infantil y por “usar Internet para inducir a un menor a tener sexo”. Pero entonces fue cuando empezaron sus verdaderos problemas.
Tras salir en libertad condicional, John recayó y volvió a mirar pornografía con menores, por lo que rápidamente fue sentenciado a otros dos años en prisión. Seguía preso cuando el Congreso aprobó la Ley Adam Walsh, por lo que se le transfirió a una prisión médica de Massachusetts y, sin audiencia legal, se determinó que era de “alto riesgo”. Así pasaron cuatro años. En 2011 comenzó su audiencia de confinamiento civil. Al año siguiente, un juez dictaminó que John era demasiado peligroso para ser liberado y lo condenó a un “confinamiento terapéutico” indefinido en el sistema carcelario federal. Desde entonces sigue en ese limbo, donde una “terapia” diaria lo alienta a declarar cada vez más historias fantasiosas para ganarse la aprobación de los siquiatras, historias que sólo contribuyen a incriminarlo. Vivir en una tienda de campaña bajo un puente parece un destino preferible.
Nuevas brujas, nuevos inquisidores
En Estados Unidos, con su vena profundamente puritana y su insidioso racismo, la combinación de sexo y raza siempre ha sido usada como medio de control social. El mito del hombre negro depredador acosando a mujeres y niños blancos se conjuró para mantener aterrorizada a la población negra cuando la ley linchadora imperaba en el Sur de Jim Crow. Con frecuencia se ha recurrido a leyes antisexo para poner a hombres negros tras las rejas, incluyendo a celebridades como el boxeador Jack Johnson en 1912 y a Michael Jackson en 1994 y de nuevo diez años después.
Las cruzadas antisexo fueron una de las armas que se usaron para revertir las conquistas de las luchas por los derechos civiles y para apagar el descontento social de los años sesenta y principios de los setenta, especialmente el provocado por la Guerra de Vietnam. Tras tomar posesión en 1977, el gobierno demócrata de Jimmy Carter desató un asalto de reacción social interna mientras llevaba a la Casa Blanca el fundamentalismo religioso de los “renacidos”. Bajo el lema de los “derechos humanos” lanzó también la Segunda Guerra Fría del imperialismo estadounidense con el objetivo de destruir a la Unión Soviética.
La siguiente década presenció una de las cacerías de brujas más terribles y peculiares de la historia estadounidense: la histeria respecto al “abuso satánico” en las guarderías, que le arruinó la vida a cientos de hombres, mujeres y niños. El auge de esta cacería de brujas, que se extendió hasta principios de los años noventa, coincidió con la reacción reaganista —la cual, entre otras cosas, intentó enviar a las mujeres de vuelta a los hogares—. Se recortaron los fondos para el bienestar social y otros programas sociales, como las guarderías y preescolares para madres trabajadoras, provocando enormes dificultades y daños a las mujeres y los niños. El pánico del “abuso satánico” sirvió para encubrir un abuso real por parte del gobierno.
En el juicio más largo de la historia estadounidense, que se extendió de 1986 a 1990, el caso de la escuela preescolar McMartin, los niños testigos contaron historias de sacrificios animales, orgías, pasadizos secretos, mutilación de cadáveres y otras ficciones. El caso comenzó en 1983, y para el año siguiente el gran jurado había reunido 354 declaraciones que implicaban hasta 369 supuestas víctimas, mientras la policía anunciaba una enorme conspiración criminal. Más de 70 personas fueron condenadas injustamente. Mientras tanto, decenas de otros casos de “satanismo” barrieron el país, desde el condado de Kern en California, hasta Fells Acres en Massachusetts y la guardería Little Rascals de Carolina del Norte. En estos casos no se encontró evidencia alguna. Los acusados eran completamente inocentes, como señalamos entonces (a diferencia de prácticamente todo el resto de la izquierda) al defender a los trabajadores de las guarderías. Los Friedman fueron arrestados en medio de esa cacería de brujas.
Los liberales y feministas burgueses ayudaron a impulsar esa locura. Aunque se presentan como protectores de las mujeres y los niños, su remedio es pedirle al estado leyes más numerosas y más duras, así como más vigilancia policiaca. La versión más extrema de esa misma política fue el libro de 1975 de Susan Brownmiller, Against Our Will [Contra nuestra voluntad], famoso por su aseveración de que la violación es la principal forma en que todos los hombres controlan a todas las mujeres. Su propuesta: más mujeres policías.
En los años setenta y ochenta, los florecientes escuadrones de dios, dirigidos por gente como el fundamentalista católico Patrick Buchanan y el líder de la Mayoría Moral Jerry Falwell, se movilizaban contra el aborto y declaraban que el sida era un castigo de dios a los gays. Mientras los fanáticos de derecha sitiaban las clínicas de aborto, los feministas apuntaban contra la pornografía y un imaginario abuso satánico. Al impulsar este programa antisexo, los “progresistas” entablaron una alianza temporal con los evangélicos.
El estado respondió gustoso. En 1974, el demócrata Walter Mondale promovió la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil, que obligaba a los terapeutas, maestros y trabajadores sociales a informar a la policía de cualquier indicación de abuso. Así, se suponía que cientos de miles de educadores y trabajadores sociales actuarían como auxiliares de la maquinaria de represión del estado capitalista. En los años ochenta, el procurador general de Reagan, Edwin Meese, lanzó una gran campaña contra la pornografía, con bastante ayuda de sus aliados liberales. Con Internet, las cosas no hicieron sino empeorar. En los últimos quince años, las sentencias federales por posesión de pornografía infantil han aumentado en extensión más de 500 por ciento y pueden ameritar hasta cadena perpetua, la sentencia que suele darse al homicidio en primer grado.
Entre las feministas más prominentes que impulsaban las reaccionarias campañas antiporno estaba la fundadora de la revista Ms., Gloria Steinem, quien empezó su carrera como informante de la CIA. La despreciable Steinem también se subió con furor al tren del ritual satánico y la memoria reprimida. A mediados de los ochenta financió una excavación que los padres de familia de la escuela preescolar McMartin realizaron en busca de los (inexistentes) túneles y calabozos de los que habían hablado sus hijos bajo coerción. En 1993, Ms. salió con el encabezado: “El abuso ritual de las sectas existe —¡Créanlo!”.
En 1995, Steinem narró el documental de HBO The Search for Deadly Memories. Los apócrifos “recuerdos recuperados” de abuso cumplieron una función perniciosa en numerosos casos. Estos “recuerdos reprimidos”, como los llaman los trabajadores sociales fraudulentos, son la versión secular liberal de la histeria religiosa. Como materialistas convencidos, no nos lo creímos. Como señalamos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”, las técnicas que supuestamente revelan traumas reprimidos han demostrado ser excelentes para inducir recuerdos falsos, especialmente en niños pequeños y susceptibles. En ocasiones, es la policía quien implanta los supuestos recuerdos en el curso de los interrogatorios, como ocurrió en el caso Friedman. Los traumas verdaderos realmente trauman a la gente, que tiende a recordarlos.
El sexo, el matrimonio y la familia
¿Cómo es que la expansión de la tolerancia (salvo en reaccionarios endurecidos y fanáticos religiosos) respecto al matrimonio gay puede coexistir con una implacable cacería de brujas antisexo? Esto se debe a que el matrimonio, un contrato legal, es uno de los principales sostenes sociales del estado burgués. En una presentación el pasado mayo, David Thorstad, quien en 1978 estuvo entre los fundadores de la North American Man/Boy Love Association (NAMBLA), señaló la desbandada del movimiento radical gay:
“El anterior desafío a la heterosupremacía, dirigido a liberar la sexualidad reprimida de todos, ha sido remplazado por un enfoque conservador y convencional por la aceptación de la sociedad capitalista heterosupremacista. Donde esto es más obvio es en la búsqueda del matrimonio y la participación abierta en instituciones opresivas como el ejército, así como los llamados a fortalecer las fuerzas represivas del estado mediante las leyes contra los llamados crímenes de odio”.
Así, en la búsqueda de la respetabilidad burguesa, las marchas del orgullo gay acogen contingentes de policías gays, cuyo trabajo incluye el arresto de “delincuentes sexuales”. Mientras tanto, los organizadores de las marchas vetan a organizaciones como NAMBLA, que llama por la despenalización de las relaciones consensuales entre hombres adultos y menores de edad.
A diferencia de los feministas, el establishment gay y, asquerosamente, la mayor parte de la izquierda “socialista”, nosotros siempre hemos defendido a NAMBLA y a sus miembros tanto de la represión estatal como de la victimización por parte de los patrones. Se trata de algo más que una cuestión de “libertad de expresión”. Muchísimos jóvenes, torturados y confundidos por sus propios sentimientos, en conflicto con la severidad represiva de esta sociedad, encontrarían reconfortante hablar de estas cosas con personas más experimentadas, como lo han hecho generaciones anteriores. En esta época, sin embargo, tener cualquier tipo de intimidad intergeneracional es jugar con fuego.
En un artículo titulado “Youth, Sexuality and the Left” [Juventud, sexualidad y la izquierda], Sherry Wolf de la International Socialist Organization (ISO, Organización Socialista Internacional) se sumó al linchamiento de Thorstad acusándolo de ser “el más constante y sonoro defensor de la pederastia en la izquierda” (socialistworker.org, 2 de marzo de 2010). Conservando la premisa reaccionaria de las leyes de la edad de consentimiento, Wolf cita su libro Sexuality and Socialism: History, Politics and Theory of LGBT Liberation [Sexualidad y socialismo: Historia, política y teoría de la liberación LGBT]: “Es incongruente que un niño dé verdadero consentimiento, libre de la desigualdad de poder, a un hombre de 30”. El artículo de Wolf continúa: “En nuestra sociedad, los adultos y los niños no se enfrentan como iguales en lo emocional, lo físico, lo social o lo económico. Los niños y los adolescentes más jóvenes no tienen la madurez, la experiencia ni el poder necesarios para tomar decisiones verdaderamente libres en sus relaciones con los adultos. Sin ello, no puede haber verdadero consentimiento”.
No importa que la mayoría de las relaciones entre adultos no cumpla con este criterio de consentimiento. En cuanto a la afirmación de Wolf de que “los adolescentes maduran a distintas edades”, ¿quién debe determinar la edad adecuada para la actividad sexual en una especie en la que esta edad ha estado, durante el 99 por ciento de su existencia, muy por debajo de la supuesta “edad de consentimiento” de la actualidad? Bajo el inhumano status quo capitalista, se asume que es el estado. Para los comunistas, es el ABC el oponernos a la intervención del gobierno en la vida privada de la gente y defender a cualquier grupo que luche por aumentar la libertad en las relaciones sexuales. Esto es una expresión del ideal de la vanguardia leninista como tribuno del pueblo. La ISO y cía. bailan a un son diferente, acomodándose a los valores burgueses y a la cacería de brujas contra aquéllos cuyas proclividades sexuales se consideran verboten [prohibido, en alemán en el original].
En El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884), Friedrich Engels rastreó el surgimiento simultáneo de la familia y el estado como medios que la clase propietaria usó para consolidar y reproducir su poder cuando emergió de la sociedad humana primitiva. La monogamia de la esposa era necesaria para asegurar la paternidad para la transmisión hereditaria de la propiedad. Actualmente, la familia sigue siendo la principal fuente de opresión de la mujer. A los niños, la familia debe imbuirles la sumisión y el respeto por la autoridad, lo que frecuentemente engendra frustración y violencia. Como escribimos en “Satan, the State and Anti-Sex Hysteria”: “Las proclividades sexuales de las especies gregarias de mamíferos, como la nuestra, claramente no encajan con la rígida monogamia heterosexual que constituye el fundamento ideológico de la institución de la familia, reforzada por la religión organizada”.
La mayor parte del terrible daño que se inflige a los jóvenes y las mujeres tiene lugar en el seno de la familia. Sin embargo, en esta sociedad capitalista, la familia suele ser lo único que le queda a uno. Son escasos los servicios alternativos que la sociedad provee para criar a los hijos o cuidar a los enfermos y a los ancianos.
El fanatismo antisexo y la perversa persecución estatal persistirán mientras imperen la propiedad privada y la producción por ganancias. El estado capitalista no puede ser reformado para que sirva a los intereses de los explotados y los oprimidos. Debe ser barrido y sobre sus ruinas debe erigirse un estado obrero basado en la expropiación de los medios de producción. Para erradicar la opresión de la mujer y de los homosexuales, se requiere construir una sociedad socialista donde las funciones de la familia sean colectivizadas —guarderías y cocinas comunales, atención médica gratuita y de calidad, etcétera— liberando a la mujer de la carga de la crianza de los niños y de la esclavitud doméstica. En cuanto a lo que una sociedad racional conservaría de las relaciones sexuales, y de las relaciones sociales en general, los marxistas compartimos la amplitud de la visión que expresó el fallecido Gore Vidal (a quien tanto echamos de menos) en su artículo “Pink Triangle and Yellow Star” (Triángulo rosa y estrella amarilla, The Nation, 14 de noviembre de 1981):
“Cualquiera que sea el arreglo al que llegue la sociedad del futuro, debe reconocerse que los niños que lo necesiten serán criados con bastante más cuidado que hoy, y que a los adultos que no deseen ser padres ni madres debe dejárseles en paz”.
http://www.icl-fi.org/espanol/eo/40/delincuentes.html
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2016.05.14 09:04 EDUARDOMOLINA Diez lemas del 15-M: ¿siguen teniendo vigencia?. "¡No hay pan para tanto chorizo!", "¿Y a esos mercados quién los ha votado?"... Los mensajes contra la corrupción, los privilegios de la clase política o la precariedad laboral marcaron las protestas del 15-M

Por Elena Herrera
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/14/lemas_del_49697_1012.html
"La energía de sus mensajes, con juegos de palabras que llegaban a gente de varias generaciones, fue uno de los puntos fuertes del Movimiento 15-M. Los indignados tiraron de creatividad para elaborar nuevas consignas con las que expresar su malestar con un sistema político y económico que, denunciaban, insistía en darles la espalda. A los ya clásicos "¡Lo llaman democracia y no lo es!" o "¡Que no, que no, que no nos representan!" se unían otros cánticos con los que criticaban la precariedad laboral, la corrupción, o ser los perjudicados por una crisis económica de la que no se sentían responsables.
Hace ya bastante tiempo que esos lemas han desaparecido de las calles. Algo lógico teniendo en cuenta que el movimiento comenzó a descentralizarse en 2012 y que, en 2013, culminó un ciclo que había estado marcado por grandes movilizaciones, aunque en los últimos tiempos cada vez menos numerosas. Cinco años después de ese "despertar colectivo", parecer oportuno hacer balance y comprobar si la situación actual del país hace que esas consignas sigan teniendo vigencia a día de hoy. Con ese objetivo, infoLibre ha analizado una decena de lemas que surgieron del 15-M:
"¡Lo llaman democracia y no lo es!".- Este grito, que entraña la idea de que la voluntad expresada en las urnas no se traslada adecuadamente a las instituciones, fue uno de los más coreados en las movilizaciones del 15-M. En este ámbito, la crítica de los indignados se centró en cuestiones como la reforma electoral y la reclamación de un sistema más representativo y de proporcionalidad real. Aunque este tema sí estuvo en la calle durante la última legislatura, el rodillo del PP evitó que llegara al Congreso.
Esta reclamación, que era un clamor entre los simpatizantes de los partidos tradicionalmente perjudicados –IU y UPyD, ya prácticamente en estado de desaparición–, lo es también ahora de los dirigentes de las nuevas formaciones políticas como Podemos y Ciudadanos. También el PP y el PSOE incluyeron en sus programas para el 20-D propuestas en este sentido. No obstante, el principal escollo de cara a posibles acuerdos es qué hacer con los votos que se pierden al no traducirse en escaños.
"¡Que se vayan todos!".- Entre otras cuestiones, el 15-M también se levantó contra la oligarquía política, lo que incluía críticas al bipartidismo pero también otras fuerzas de la izquierda más minoritaria como IU, que, no obstante, intentó recoger las demandas del movimiento y llevar su defensa a las instituciones. En cualquier caso, a partidos y sindicatos de izquierda les costó comprender por qué los indignados gritaban que la democracia era una "estafa" al tiempo que les señalaban como culpables con lemas este "¡Que se vayan todos!".
Lo que ahora demuestran los resultados electorales es ha sido el bipartidismo el más perjudicado en los últimos años. PP y PSOE sumaron el pasado 20-D el 50,7% de los votos, su peor resultado histórico en unas generales. Cuatro años antes habían recibido el apoyo del 73,4% de los electores. Entre ambas formaciones perdieron en esta cita con las urnas el apoyo de más de cinco millones de electores. Los datos del CIS demuestran que el apoyo a PP y PSOE viene principalmente de determinados sectores rurales y de mayor edad y menos formación.
"¿Y a esos mercados, quién los ha votado?".- El grupo de Economía que surgió tras la acampada de la Puerta del Sol de Madrid llevó la iniciativa en su momento con movilizaciones contra los paraísos fiscales o las agencias de rating, a las que culpaba de la crisis por haber otorgado la máxima calificación a productos financieros basura. Los indignados también criticaron la injerencia de los mercados en las instituciones democráticas y el rescate a la banca mientras no se ponía fin a la especulación de las entidades financieras que, a su juicio, había provocado la crisis inmobiliaria.
Sin embargo, estos han sido frentes en los que tampoco se han visto grandes avances en los últimos años. Así, el 74% de las empresas del Ibex 35 mantiene ocultos sus negocios en territorios off-shore como Islas Caimán, Jersey, Dubai, Singapur o Delaware. Y otro dato: la banca intervenida por el Estado, integrada por las cajas de ahorros nacionalizadas y las que han recibido ayudas públicas, ha repartido un total de 959 millones de euros en dividendos entre sus accionistas desde 2011 hasta el día de hoy.
"¡Esta crisis no la pagamos!".- La crisis económica contribuyó de manera indudable la eclosión del 15 de mayo de 2011. La negativa a cargar con las consecuencias de una crisis que el movimiento calificaba de "estafa" fue una de las principales reivindicaciones de los indignados. Sin embargo, en estos año el Gobierno ha hecho recortes brutales en el Estado del bienestar, ha vaciado la hucha de las pensiones. Al mismo tiempo, ha aumentado el número de personas en riesgo de pobreza y el número de familias que tiene problemas para pagar los suministros básicos. Y a, pesar de todo esto, la deuda pública se ha incrementado en 30 puntos del PIB.
Por otro lado, las que no parecen haber pagado esta crisis son las grandes empresas, que acabaron 2015 con más beneficios que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno. Las principales compañías ganaron 33.000 millones en 2014, casi lo mismo que en 2011, y durante 2015 superaron en un 22,63% los beneficios del ejercicio anterior. Por su parte, los resultados de la gran banca alcanzaron los 10.500 millones de euros en 2014, mientras que las eléctricas superaron los 7.125 millones.
"¡No hay pan para tanto chorizo!".- Cuando eclosionó el movimiento ya habían estallado la trama Gürtel, el caso Brugal, el caso Nóos, el saqueo del Palau de la Música en Cataluña, los ERE fraudulentos en Andalucía... pero la lista de escándalos no ha parado de crecer desde entonces. Entre ellos está el caso Bárcenas, el caso Rato, la operación Púnica... O, más recientemente, los casos Taula e Imelsa, vinculados al PP valenciano.
Hay un millar largo de políticos con causas abiertas por corrupción. Y de los 2.173 casos que en abril de 2013 estaban clasificados como “complejos” por el Consejo General del Poder Judicial, 1.661 están relacionados con casos de corrupción o de delitos económicos. Con estas cifras no extraña que el 47,5% de los españoles considere que el segundo mayor problema de España es la corrupción, solo superado por el paro, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
"¡Que no, que no, que no nos representan!".- Si en algo ha sido un éxito el 15-M es en que la clase política ha tomado conciencia de que carece de impunidad y de que no puede distanciarse de la sociedad. No en vano una de las principales críticas de los indignados fue al sistema de representación política heredado de la Transición.
Ahora, con la entrada en la política tradicional de una nueva generación de representantes públicos, de cierta manera, también se ha desactivado aquel grito del "¡No nos representan!" que tanto se escuchó en las calles entre 2011 y 2013. No obstante, no deja de ser contradictorio el hecho de que sean esas mismas formas representativas que el movimiento puso en cuestión las que ahora vayan usarse para poder generar cambios institucionales.
"Violencia es cobrar 600 euros".- La lucha contra la precariedad laboral traducida, entre otros aspectos, en los bajos salarios, también fue una de las reivindicaciones de los indignados. Sin embargo, Mariano Rajoy es el presidente que menos ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional desde 1980, cuando se estableció su revisión anual en el Estatuto de los Trabajadores. Lo ha subido sólo un 2,1%. El suelo salarial se sitúa actualmente en los 655,20 euros al mes.
Además, la crisis económica ha contribuido a agrandar la brecha salarial entre hombres y mujeres en España, que se encuentra en el nivel más alto desde 2008. Dos de cada tres personas que cobran en España un sueldo igual o inferior al SMI son mujeres: 1,26 millones de personas. Por otro lado, entre los que no tienen empleo, tampoco las cosas han ido mejor. La cuantía media de la prestación por desempleo se ha reducido un 8% en los últimos cuatro años y cada vez son más las personas que a pesar de estar dadas de alta en los servicios de empleo, no reciben ningún tipo de ayuda porque son paradas de larga duración y ya han agotado el derecho a percibir una prestación o subsidio.
"Mis sueños no caben en tus urnas".- Un logro evidente del 15-M es haber pasado de ser un catalizador de la indignación a crear un "poso" que, con el paso del tiempo, ha revitalizado otras movilizaciones. Por ejemplo, el movimiento contribuyó a sentar las bases de un nuevo espacio público de protestas en las redes sociales, las plazas y las calles. Y, al mismo tiempo, permitió reactivar el interés por la política y extender la idea de que participar es útil y de que la acción colectiva puede cambiar las cosas.
En este sentido, contribuyó a introducir en la agenda política algunas cuestiones como la reforma del sistema electoral, la dación en pago, la limitación de privilegios de la clase política y de los beneficios de los directivos de las grandes empresas. También contribuyó a reclamar transparencia y abrió un debate sobre la regeneración política que ya parece estar teniendo eco en las instituciones.
"Manos arriba, esto es un contrato".- La denuncia de las prácticas abusivas y la visibilización de las condiciones laborales de los trabajadores más desprotegidos también estuvo entre las reivindicaciones del 15-M. Pero la precariedad en el empleo, lamentablemente, ha sido una constante en los últimos años. Los salarios de los trabajadores españoles han sufrido una devaluación del 3,6% desde 2011, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, hasta quedar en 18.420 euros anuales. Además, el 47% de los asalariados, casi ocho millones de personas, cobran menos de 972,9 euros al mes.
Por otro lado, la falta de estabilidad sigue siendo una de las señas de identidad del mercado laboral español. Así, de los 533.186 puestos de trabajo que se crearon durante 2015 el 77,4% fueron temporales. Y la tercera parte, 160.434, a tiempo parcial. El año pasado creció casi dos puntos el porcentaje de afiliados con contratos temporales y se redujo otro tanto el de quienes tienen contratos fijos.
"Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo".- Este fue el lema de Juventud Sin Futuro, la plataforma juvenil que convocó movilizaciones un mes antes del estallido del 15-M y que luego fue muy determinante en el desarrollo del movimiento. Sin embargo, la situación actual de los jóvenes no parece ser ahora mucho mejor de lo que era en 2011. El desempleo sigue cebándose con este colectivo, pues el 46,5% de los jóvenes de entre 16 y 24 años no encuentra trabajo a pesar de buscarlo activamente.
Como consecuencia de esto, el 78,5% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Además, la mayoría de los que han logrado irse, un 85% del total, no ha podido hacerlo solos y, aun así, la superficie máxima de vivienda a la que aspiran es de 51,2 metros cuadrados."
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2016.03.04 10:48 EDUARDOMOLINA PACTO PSOE-CIUDADANOS. APUNTALANDO EL RÉGIMEN.- Diego Jimenez.- tercerainformación.es

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article99828
"
He leído, con cierto detenimiento, las 67 páginas en las que se contiene el Acuerdo PSOE-Ciudadanos suscrito hace unos días con todo boato en dependencias del Congreso por los líderes de ambos partidos. Al hacerlo, me movía no sólo la curiosidad, sino la necesidad de constatar que las críticas vertidas por la izquierda tenían fundamento. Tras ojear el texto, con un total de casi 200 medidas en siete capítulos, he de decir que coincido con quienes afirman que contiene algunos avances. Pero, al ser el resultado de una transacción, con indudables concesiones a la derecha política y económica, a la Troika y a las instancias comunitarias, el documento está muy lejos de constituirse en una herramienta para el cambio.
Es imposible resumir en los límites de un artículo como éste el conjunto de medidas más polémicas. Trataré de comentar algunas. 1. No se suprimen las reformas laborales del PP y PSOE. En lugar de eso, junto a las antiguas modalidades de contratación laboral se añade la figura del contrato estable y protegido, una nueva versión del contrato temporal que hace posible el despido durante el primer año con una indemnización de 12 días, y de 16 días durante el segundo. 2. En Educación, no se deroga la LOMCE. Tampoco se dice nada del decreto 3+2 en enseñanzas universitarias, lo que ha enervado los ánimos de los estudiantes, que han anunciado huelga para el mes de abril. 3. Respecto a la lucha contra las desigualdades y la protección social, se aboga por un polémico complemento salarial garantizado. En referencia a los desahucios, nada se dice de la dación en pago. Se anuncia una exigua subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 1%. Se mantiene el copago farmacéutico. 4. En el capítulo referido a las reformas del sistema democrático y la lucha contra la corrupción, junto a indudables avances (se habla de constituir una Oficina Anticorrupción) se detecta una tibieza en la solución de temas tan espinosos como el del cese de altos cargos, concejales y parlamentarios, que sólo se producirá cuando se les abra juicio oral. 5. En la reforma constitucional, junto a asuntos menos comprometidos como el de eliminar la prevalencia masculina en la línea de sucesión a la Corona, se expresa una clara negativa al referéndum de autodeterminación en cualquiera de los territorios del Estado, solución drástica que se trata de compensar con la más que calculada indefinición en lo referente a la reforma del Título VIII de la Constitución, pues aunque se habla de suprimir las diputaciones provinciales, se detectan pocos avances para la articulación federal del Estado.
Pero, además, en el Acuerdo, hay viejas reivindicaciones de la izquierda que ni siquiera se citan. 1. A pesar de la gravedad de la crisis, no hay un Plan de Emergencia Social. 2. Con una clara concesión a Bruselas, la Troika y Angela Merkel, en materia fiscal no se deroga el artículo 135 de la Constitución (que, como es sabido, supedita la prestación de servicios al pago de la Deuda); antes al contrario, el Gobierno mantendrá un fuerte compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad de la UE. Y la propuesta de reducción del IRPF que pagan los ciudadanos y ciudadanas se aplaza hasta que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. 3. Se habla de retocar de nuevo el Código Penal pero no de derogar la Ley Mordaza. 4. En política exterior, no hay referencias expresas a exigencias inaplazables a temas como el TTIP, que estos días se negocia secretamente en Bruselas. Se hace escaso énfasis en la solución de la grave crisis migratoria que está poniendo en cuestión los cimientos constitutivos de la UE. Respecto a las crisis de Siria y Afganistán, lejos del antimilitarismo y pacifismo que han sido las señas de identidad de la izquierda, el acuerdo cita la necesidad de «intervenciones específicas frente a potenciales amenazas fuera de nuestras fronteras», además de apoyar la coalición global contra el ISIS. 5. En libertad religiosa, nada se dice de denunciar los Acuerdos con el Vaticano de enero de 1979, y sí de la revisión de los mismos para establecer un nuevo marco de relación Iglesia-Estado.
Escribo estas líneas antes de que se haya producido la consulta del PSOE a las bases del partido. Además de que coincido con José Antonio Pérez Tapias en que esta vaga pregunta no tiene sentido a posteriori de la firma del Pacto, creo que este documento, una concesión al neoliberalismo imperante en España y Europa, es una operación cosmética, un lavado de cara y un apuntalamiento de un régimen, el nacido en 1978, que se resiste a desaparecer.
Soy de los que piensan que, fracasada con seguridad la investidura de Pedro Sánchez (cuando estas líneas vean la luz estaremos asistiendo al primer ’asalto’), estamos abocados a nuevas elecciones el 26 de junio. Es pronto. Pero la izquierda del PSOE está obligada a tender puentes para superar en un futuro próximo, en la calle y en las urnas, las limitaciones de este partido."
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2015.07.26 15:20 emenavarro Algunos puntos básicos sobre neutralidad de la red, propiedad intelectual e industrial que podrían conformar un programa de mínimos para un posterior desarrollo jurídico.

La libertad de expresión, de creación y de comunicación son derechos especialmente protegidos tanto en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta última eleva también a rango de derecho fundamental el acceso a la cultura.
La participación directa de la ciudadanía en las políticas de sus territorios, también son derechos principales recogidos en las normas anteriormente citadas.
Por otro lado, la economía financiera, basada en la especulación y el acaparamiento, está suponiendo un peligro para la ciudadanía que ve mermados sus derechos básicos tales como el Trabajo, la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales, en favor de los intereses de las grandes empresas multinacionales, lo que también está teniendo un enorme impacto en el acceso a la cultura. Frente al modelo capitalista financiero surge un nuevo paradigma que tiene en su base una economía cooperativa o del bien común que, sin excluir la iniciativa privada, antepone el bienestar general al interés particular. Incluso las economías más competitivas tienen un mayor desarrollo y generan una mayor variedad de oferta, cuando se puede competir en igualdad de condiciones.
Internet forma ya parte de la vida cotidiana, tanto de la privada como de la pública. Las prestaciones que ofrece esta tecnología favorecen el desarrollo económico, cultural, artístico, intelectual y científico de la sociedad, a la vez que se convierte en un instrumento de libertades civiles, pues favorece el acceso a la información y hace viable, real y efectiva, la libertad de participación, expresión y comunicación.
Frente a este panorama de igualdad de oportunidades se están sucediendo constantes intentos, frecuentemente con éxito, de apropiación del procomún, privatización de la red y de control de la misma por parte de la oligarquía especulativo-financiera, que mermaría tanto la igualdad de oportunidades, como el derecho a las libertades anteriormente citadas, al dejar en manos de empresas privadas y multinacionales el control de la red, su neutralidad y sus contenidos, ya sea ésta por vías políticas o, simplemente, económicas, imponiendo barreras económicas de acceso y penalizaciones.
La privatización de la red, su censura o, simplemente su limitación de acceso, ya sea por razones económicas, políticas, tecnológicas, o de otra índole, afecta directamente tanto a la normalización de una democracia participativa, como a la producción artística, cultural, científica e industrial, mermando la igualdad de oportunidades, e impidiendo un pleno desarrollo y la implantación de una próspera economía colaborativa y orientada hacia el bien común.
Además, la Constitución Española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal de Derechos Humanos, contemplan el derecho fundamental a la protección de la propiedad intelectual, comprendiendo la producción artística, literaria y científica. Cabe añadir, que no puede establecerse una diferencia básica entre la propiedad intelectual y la industrial pues ésta es fruto de la primera.
Por tanto, igual que es fundamental la protección de estos derechos, también lo es la protección de los nuevos vehículos que pueden garantizarlos y por consiguiente, el acceso a las tecnologías de la participación y comunicación como tal derecho debe ser considerado y protegido. Asimismo, se debe tener en cuenta la protección en materia intelectual y la producción de ella derivada, de manera que sin lesionar la preferencia del bien común frente al particular, proteja e incentive tanto la creación individual como la colectiva.
1.- Neutralidad de la Red.
“Una red neutral es aquella que está libre de restricciones en las clases de equipamiento que pueden ser usadas y los modos de comunicación permitidos, que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras comunicaciones”.
2.- Simetría de red
La oferta actual de los proveedores de servicios de internet está más enfocada a un tráfico pasivo que a uno productivo o participativo. Las diferencias entre la capacidad de “bajada” y de “subida” de datos son evidentes. Es una oferta pensada para el consumo pasivo y que deja en inferioridad de condiciones a muchas empresas y particulares por meras razones económicas. Así pues quienes tengan mayores recursos económicos, ya sean empresas o particulares, les será más fácil y asequible poner a disposición en la red toda su oferta de productos y servicios. Sirva como ejemplo una multinacional del entretenimiento que, disponiendo de servidores propios, el “subir” todos sus contenidos a la red en formatos de altísima calidad, no supone mayor problema, ni tiempo, pues no necesitan velocidad de “subida” para una mera transferencia de archivos a los servidores. En cambio, una pequeña discográfica, productora o artistas independientes, tienen que depender de la velocidad de “subida” de su proveedor, y del uso de servidores externos, para poder poner a disposición general su catálogo en alta calidad lo que puede suponer la pérdida muchas horas, cierta pérdida del control de su obra y una notable falta de competitividad.
Por otro lado, una escasa capacidad de subida de contenidos merma considerablemente el derecho a la comunicación, expresión e información de la ciudadanía, frente a los grandes lobbys de poder. Sirva de ejemplo la participación ciudadana denunciando situaciones mediante fotografías, vídeos y otros documentos audiovisuales, que contrarrestan la manipulación mediática y garantizan la pluralidad informativa.
Así pues, se debe garantizar la protección legal tanto de la Neutralidad de la Red, como de su simetría, de manera que, sin mermar los derechos individuales, garantice la consecución de una sociedad orientada hacia el bien común.
3.- Propiedad intelectual e industrial
La legislación Estatal, Comunitaria y Universal, considera a la propiedad intelectual como un derecho irrenunciable. Si bien esta “irrenunciabilidad” , inherente a todo derecho fundamental, es efectiva en cuanto a los derechos morales, básicamente el reconocimiento formal de la autoría, el desarrollo normativo actual pervierte la irrenunciabilidad anteriormente citada al permitir por ley la cesión de derechos a terceros, cesión que se traduce en la pérdida de control de la obra por parte de quien la creó. Esta cesión, que se formaliza a través de contratos editoriales, impide incluso la difusión y promoción de las obras cedidas fuera de los criterios industriales actuales en los que priman los económicos por encima de los artísticos. Una industria artística y cultural que solo difunde aquellas obras que son rentables, económicamente hablando y además lo hace con un criterio absolutamente privativo de la propiedad intelectual, conculca los derechos anteriormente citados tanto de quienes crean las obras como de la sociedad en general y lesiona gravemente el acervo cultural y artístico universal.
Internet supone una plataforma vehicular para el pensamiento en todas sus formas de expresión. Desde las expresiones artísticas tradicionales, tales como la literatura, la música y las artes visuales, hasta las más novedosas que se han visto favorecidas por el alto desarrollo tecnológico, pueden hoy mostrarse al mundo con relativa facilidad de acceso universal. Esto ha favorecido la aparición de dos importantes hitos en la historia de la Humanidad: la autogestión de la obra y la protección intelectual de la misma mediante una serie de licencias libres. Aspectos que están dando lugar a la aparición de nuevos modelos de explotación y difusión de la producción cultural e intelectual que, si bien no elimina intermediarios, cambia los actores, abarata la producción y precios y favorecen el acceso universal, enriquecen el acervo cultural e incentivan la creación por terceras personas.
Una obra con licencia privativa, si no era económicamente rentable se descatalogaba pero no se permitía a su autor o autora recuperarla. Hoy, con una licencia libre, independientemente del valor comercial de la misma, se puede acceder a ella y puede conservarse. Es más, trabajos que pudiesen no tener un gran valor artístico o comercial, al conservarse y ser accesibles pueden inspirar a terceras personas o colectivos la creación de obras de gran valor artístico.
Por otro lado todo este desarrollo tecnológico que favorece al artśitico, cultural y científico ha sido posible en gran medida por el llamado software libre. De hecho, es la aparición del software libre, creado en principio por una comunidad científica universitaria con fines altruistas, la que favorece la aplicación de licencias libres a la creación cultural, artística y científica e introduce la ética “hacker” en la producción cultural: difundir el conocimiento y favorecer la creación colectiva y colaborativa, dejando abiertas las herramientas (código) con las que fueron creadas. Tal es la influencia y el impacto de la ética hacker en la sociedad actual que, incluso, nuevos partidos y formaciones políticas han adoptado ese modelo para su funcionamiento.
4.- Investigación y patentes
Las políticas basadas en la economía especulativa, más que favorecer la inversión privada en I+D+I, tienen un interés especial en privatizar la Investigación. La merma paulatina y drástica de participación del Estado y Administraciones en la Investigación está pensada para ceder a manos privadas los resultados de las investigaciones, incluso en la Universidad y centros de investigación públicos lo que va en detrimento de la igualdad universal y en favor de una mayor brecha entre clases económicas.
Solo en algunos casos, y debido al altruismo de quienes realizaron la investigación, se ha cedido al dominio público, y por tanto protegido de la especulación, los resultados obtenidos en investigaciones que han supuesto un beneficio para toda la Humanidad, tal es el caso, entre otros, de la vacuna contra la poliomielitis o el protocolo TCP/IP
Así pues, tanto el Estado como las demás Administraciones deben incrementar la inversión pública en I+D+I y proteger los resultados obtenidos y las aplicaciones que de ellos se deriven para que pertenezcan a la ciudadanía, independientemente de que haya habido o no participación e inversión privada en ellos.
La protección mediante licencias libres o la devolución expresa al dominio público impiden las desigualdades tanto para el acceso a bienes, productos o servicios como en el desarrollo de oportunidades laborales y empresariales.
Por otro lado es también importante para el desarrollo industrial y general una revisión del sistema de patentes en España. Un sistema que actualmente penaliza la iniciativa individual frente a la empresarial por razones meramente económicas por los altos costes de las tasas que difícilmente una persona sin respaldo económico fuerte puede asumir.
5.- Patrimonio cultural, artístico, intelectual y científico
El Patrimonio español pertenece a su ciudadanía y también a la Humanidad en su conjunto. No es, por tanto, propiedad del Estado o de las demás Administraciones si no su responsabilidad y por ende el mantenimiento, conservación, mejora y difusión del mismo. Las Administraciones Públicas deben velar y facilitar el acceso y, aunque puedan explotarlo, en ningún caso debe ser considerado como privativo si no libre.
Así pues debe incrementarse el esfuerzo por digitalizar todos los fondos patrimoniales para facilitar su acceso, tanto con fines pedagógicos, educativos e investigadores como lúdicos o empresariales. En ningún caso los fondos patrimoniales deberán tener una licencia privativa, es decir, “todos los derechos reservados”. Tampoco la utilización de dichos fondos tanto con fines lucrativos, como de otra índole, y las obras que de ello se deriven podrán tener una licencia privativa.
Que se permita la participación de capital privado en el mantenimiento, mejora, aumento, difusión o conservación del Patrimonio español no significa que se puedan adquirir derechos privativos o preferenciales del mismo. Las Administraciones podrán estimular la inversión privada sin que ello merme la titularidad pública del Patrimonio.
6.- Derechos de autor y entidades de gestión
Quienes tienen o tengan capacidades creativas tienen el derecho a obtener un rendimiento económico de ellas e intentar hacer de su talento y creatividad su forma principal de vida. Este derecho se vería sustentado en parte a través de la Renta Básica Universal.
Los derechos de autor actuales, entendidos estos como derechos patrimoniales y económicos, están gestionados por las sociedades de gestión de derechos. Aunque la problemática actual de dichas entidades es variada, son cuatro los obstáculos principales a una gestión eficiente y eficaz de las mismas; la concepción de “derechohabiente”, la opacidad en el cálculo y reparto de los derechos económicos, el único tipo de licencia que se gestiona y el monopolio.
Se entiende por derechohabiente a la persona física o jurídica que obtiene derechos patrimoniales sobre una obra creada por una tercera persona. Esto deriva de la “cesión de derechos a terceros”. Esta cesión de derechos es común en la escena intelectual, literaria y artística ya que para poder editar una obra se cede por contrato como mínimo un 51% de los derechos de autor a la editorial y les confiere calidad de “coautoras” y por tanto el derecho a formar parte societaria de las entidades de gestión. Teniendo en cuenta que casi la totalidad de obras que forman parte del reparto habitual de derechos tienen participación editorial mayoritaria, también son las editoriales las que ostentan la mayoría de participación en dichas entidades. y por tanto su voto es el voto que pesa en las decisiones de las mismas incluyendo los métodos utilizados para calcular el reparto de los derechos económicos gestionados.
Tampoco se está utilizando un método objetivo y eficaz para el cálculo del reparto de beneficios generados, en cambio existen distintos estándares que permiten poner en valor la obra tanto la que circula por la red como la que se mueve por otros medios de interpretación, comunicación y difusión.
Actualmente, en España, las entidades de gestión de derechos de autor no admiten para gestionar obras con licencias libres, pero en cambio, sí que obtienen ingresos por su comunicación. Sirva de ejemplo un cantautor cuyas canciones tiene una licencia Creative Commons y que las interpreta en una sala de conciertos. Esa sala paga por las actuaciones una cuota a las entidades de gestión, y no solo a autores, si no también a otras entidades de intérpretes y ejecutantes, aunque el intérprete no pertenezca a ellas. esta cuota es un porcentaje por lo que se calcula que “vale” económicamente hablando la actuación o bien una cuota fija mensual o ambas. En cambio a ese cantautor la entidad de gestión no le liquida por los ingresos generados. Es más ningún socio o socia de la SGAE puede declarar obras con licencias libres en la entidad.
Hasta la reforma actual de la ley de propiedad intelectual para poder erigirse en sociedad de gestión se tenían que cumplir una serie de requisitos y obtener un informe positivo de una entidad de gestión existente, evidentemente estas medidas han mantenido en el monopolio a un pequeño número de entidades de gestión, de hecho no hay en España más de una entidad para la gestión de unos derechos específicos.
Con la reforma de la ley de propiedad intelectual es peor, pues aunque parece que liberaliza el “mercado” de la gestión de derechos lo que realmente hace con su redacción es facilitar la creación de entidades por las propias editoriales. Si los autores y autoras parecían tener cierta libertad en las sociedades de gestión actuales, con las nuevas se va a favorecer la esclavitud total.
Las entidades de gestión permiten la acumulación de votos en un solo socio y la mayoría de ellos no tienen derecho a voto. No tienen, por tanto un funcionamiento democrático.El derecho a voto y la cantidad de ellos se obtienen proporcionalmente a los rendimientos económicos generados, a partir de un mínimo. Estos rendimientos se calculan de manera opaca y aleatoria.
Por último es preciso subrayar que las entidades de gestión y sus socios mayoritarios, las editoriales multinacionales, es el lobby que mayor presión está ejerciendo para que se legisle, en todo el mundo, para censurar Internet y convertirlo en su monopolio en detrimento de los derechos fundamentales citados en este documento, el bien común y el conocimiento universal.
Tampoco debemos olvidar que la legislación en materia de propiedad intelectual, al ser ésta un derecho fundamental, es de potestad estatal sin perjuicio de su ejecución por las administraciones autonómicas y por tanto la situación actual de la problemática de los derechos de autor viene dada por la dejación de funciones de las administraciones públicas y su cesión a entidades privadas.
Programa de mínimos para la elaboración posterior de una ley marco de propiedad intelectual e industrial
1.-Se deberá garantizar el acceso a la red.
2.-La ciudadanía deberá recuperar el control de las operadoras de servicios de comunicaciones de propiedad estatal que fueron robadas y entregadas a manos privadas por los anteriores gobiernos, a fin de garantizar el acceso a las comunicaciones.
3.-Se deberá proteger la neutralidad de la red y establecer un plazo para la consecución de servicios simétricos.
4.-Se protegerá especialmente el derecho de cita.
5.-Se considerará, por ley, al enlace como cita y no podrá ser gravado ni económica ni judicialmente, ni el enlace ni su difusión por cualquier medio. Dicha protección se hará sin perjuicio de la legislación en materia de delitos informáticos. La difusión de una obra no podrá ser considerada delito ni infracción.
6.-Se deberá limitar el porcentaje de cesión de obras a terceros, de manera que el porcentaje que quede en propiedad de la persona creadora de la obra suponga la mayoría respecto de la misma.
7.-La participación de las Administraciones Públicas en obras de cualquier tipo que generen derechos de propiedad intelectual o industrial, incluyendo la investigación científica e industrial, supondrá la utilización de licencias libres en ellas, independientemente de que haya habido o no participación de capital privado y la explotación de los resultados por el mismo.
8.-La explotación de cualquier índole por parte de empresas privadas o públicas que hayan participado en las obras descritas en el apartado anterior, no podrá ser con carácter de exclusividad. De manera excepcional se podrá contemplar la explotación en exclusiva con carácter temporal. Dicha exclusividad temporal no podrá exceder de cinco años sin posibilidad alguna a la ampliación de dicho plazo. La exclusividad solo sería de aplicación a la explotación económica de la obra, en ningún caso se podrá impedir el libre acceso a ella para fines divulgativos, educativos o científicos o uso personal.
9.-Las Administraciones Públicas deberán incentivar y anteponer la creación y difusión de obras libres frente a privativas. Todo el patrimonio español pertenece a su ciudadanía y a la Humanidad, por tanto deberá tener una licencia de dominio público y que impida que terceras personas, físicas o jurídicas, puedan explotarla con carácter de exclusividad. El Ministerio de Cultura deberá incluir una Dirección General de Protección, Custodia y Difusión del Procomún.
10.-Las Administraciones Públicas y sus organismos y empresas de titularidad pública, deberán implementar el software libre en todas sus dependencias y garantizando la libertad de elección tecnológica de la ciudadanía.
11.-Se establecerá una hoja de ruta para la migración al software libre en todas las Administraciones. Dicha hoja de ruta deberá ser implementada en un plazo máximo de cinco años.
12.-Se deberán establecer mecanismos que faciliten y abaraten el coste de los registros de la propiedad intelectual e industrial. Se limitará el tiempo de exclusividad de derechos patrimoniales de autoría que no podrá exceder de cinco años, sin perjuicio del mantenimiento de los derechos de explotación, aunque dejarán de ser privativos.
13.-Las Administraciones Públicas deberán asumir la ejecución de la ley o leyes de propiedad intelectual y gestionar los derechos patrimoniales de autor.
14.-La gestión de los derechos patrimoniales de autor deberá ser objetiva y transparente, los autores y autoras podrán elegir libremente qué tipo de licencia utilizan para cada obra.
15.-El cálculo del reparto de derechos se deberá realizar mediante mecanismos objetivos y que tengan en cuenta toda la obra comunicada y las licencias bajo las cuales cada obra se pone a disposición.
16.-No se podrá restringir el derecho a cita de una obra publicada, por ser este el ladrillo sobre el que se eleva el edificio del conocimiento.
17.-La elección de licencia de la obra corresponde a la persona que la creó, no pudiendo ceder dicha decisión a terceros bajo ninguna forma ni condición.
18.-Las entidades de gestión deberán tener un funcionamiento democrático de manera que toda persona socia de la misma tenga el derecho a voto con un único voto y podrán presentarse libremente a ser cargos electos de la entidad.
19.-Las entidades de gestión deberán gestionar la obra registrada en ellas independientemente del tipo de licencia que el autor o autora haya elegido.
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2014.01.23 11:16 Ricky124 Un programa peculiar.

Ayer me llegó este programa electoral del sindicato CGT para las elecciones en el Ayuntamiento de Parla que se celebran en noviembre de este mismo año, aunque aparentemente esté bien y con las ideas claras, hay mucho más que no se cuenta, como por ejemplo quitarse de en medio a [email protected] los trabajadores que tengan contratos de relevo y que no cuenten con un curriculum vitae de lo más amplio.
Nuevamente los trabajadores/as del Ayuntamiento de Parla estamos llamados a elegir a nuestros representantes, pero en esta ocasión estamos llamados a elegir a quienes deben de luchar para recuperar todo aquello que en muy poco tiempo se nos ha arrebatado por el Gobierno Municipal. Por eso, estas elecciones sindicales no son una cita más, más bien es una cita para luchar y recuperar todo aquello que habíamos logrado y que se nos ha arrebatado sin que los sindicatos mayoritarios en el Comité de Empresa hayan dado una verdadera y legítima lucha por defenderlos. Con esta situación, CGT ha venido denunciando tanto las políticas de “amiguismo” y “enchufismo” como la pasividad, cuando no la convivencia por activa o pasiva de los sindicatos institucionales (UGT y CC.OO), ante los recortes sociales y económicos que hemos sufrido los trabajadores, tanto por las reformas laborales aprobadas por el Gobierno del PP como por su aplicación rigurosa por parte del gobierno local. Con ello llamamos a todos/as a tener en consideración lo hecho por unos y lo que otros hemos tratado de hacer dentro de las posibilidades que hemos tenido desde la sección sindical de CGT ante las agresiones sufridas por los empleados públicos, a los que se nos ha hecho pagar un gestión desastrosa ante los ciudadanos de nuestro municipio. No queremos dejar pasar nuestro apoyo y solidaridad con los trabajadores/as que fueron despedidos en octubre de 2011, y que siguen siendo un referente para nosotros, pues al margen de la actuación sindical de UGT y CC.OO, porque su lucha y triunfo en los tribunales nos ha mostrado que solo la lucha es el camino que debemos seguir para defender nuestros derechos frente a las “agresiones” que sufrimos como clase en estos tiempos.
PRIVATIZACIONES
No cabe recordar lo que cuatro años decíamos al respecto, pero en este tiempo hemos visto nuevas privatizaciones (instalaciones deportivas) y el fiasco de otras (Jardinería) o el deterioro de servicios como limpieza viaria, recogida de basuras, perrera municipal, 010 y otros más que han llevado a una precarización mayor, cuando no a la destrucción de empleo. 
Por ello desde CGT consideramos que la defensa de los servicios públicos y la recuperación para su gestión es fundamental para lograr una estabilidad en el empleo, la prestación de servicios de calidad y el ahorro económico que ello supone para los vecinos. La creencia de que la empresa privada lo hace mejor, esta siendo cuestionada, incluso por Gobiernos de tinte conservador, y por ello hacemos nuestra la defensa del carácter público de todos los servicios frente al negocio que algunos han hecho de ellos sin respetar los derechos de los trabajadores, y sin olvidar las sospechas o certezas de que tras los concursos ha existido corrupción y financiación ilegal de los partidos. Es por eso que CGT no va a dudar en luchar contra cualquier intento de privatizar nuevos servicios y de exigir la desprivatización o recuperación de la gestión de los servicios privatizados por los distintos gobiernos municipales.
BALANCE DE GESTIÓN
En estos cuatro años, CGT ha tratado de vigilar y defender los derechos de los trabajadores/as dentro de lo que se nos ha permitido. Vigilancia, que nos ha permitido llevar a los tribunales algunos casos como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de algunos colectivos laborales, y ello pese a que la acción de otros (CC.OO) frustraron nuestra defensa al introducir elementos ajenos a lo planteado desde CGT. Y este balance no debe olvidar tal vez el aspecto más negativo que hemos sufrido los trabajadores municipales como es la supresión sin negociación alguna de varios artículos del Convenio Colectivo, que de manera fundamental eliminaba los logros que en materia social y económica habíamos logrado en muchos años de lucha como era la ampliación de días de convenio, por asuntos familiares, del Fondo Social, del seguro de vida, las jubilaciones parciales, los premios por años de servicios, las ayudas del mencionado Fondo Social, Fondo de Absentismo o el propio Plan de Pensiones, cuyas aportaciones por parte de los gobiernos municipales se dejaron de hacer durante estos años y los trabajadores en cambio ven descontadas de sus nóminas las correspondientes aportaciones propias Todo ello se realizo sin que se viera una oposición real por parte de quienes tenían la mayoría de la representación no hicieron nada real para pelear por ello. Con su “colaboración” voluntaria o involuntaria permitieron que nos quitaran nuestros derechos sociales y económicos que nadie nos regalo. 
EMPLEO PÚBLICO
 Estos cuatros años hemos visto que la oferta pública de empleo ha brillado por su ausencia, mientras la interinidad o temporalidad se ha incrementado en ciertos servicios o departamentos que hemos denunciado en los distintos ámbitos. Nuevamente, pese a reiterarnos, exigimos la cobertura mediante oferta pública de empleo de todos aquellos puestos de trabajo que llevan tiempo sin ser cubiertos de forma legal. 
Creemos que al mismo tiempo se debe definir las funciones y la adscripción clara de todos los empleados municipales, con un Plan de Reemplazo, mediante el contrato relevo sin que ello sea una puerta de entrada al Ayuntamiento de forma irregular como sucede ahora con algunas personas, que garantice la continuidad de la Plantilla y con ello evitando las rotaciones de trabajadores entre departamentos.
MANIFIESTO DE LA CANDIDATURA
 La candidatura de CGT, formada por hombres y mujeres de claro compromiso social y de defensa de los intereses colectivos de todos/as. Entiende que es el momento de lograr un compromiso de toda la plantilla de trabajadores/as del Ayuntamiento de Parla, y sobre esa base luchar por recuperar lo que se nos ha arrebatado. Es este el compromiso fundamental que asumimos quienes integramos esta candidatura, y sobre ello asumimos tanto a individual como colectivo como sección sindical de CGT esa defensa así como la tabla reivindicativa con la que nos presentamos. Sabemos por ello que frente a la desconfianza generalizada hacia la representación sindical salida de las urnas hace cuatro años, desde la candidatura de CGT llamamos a la participación y a la unidad de todos para lograr defender eficazmente nuestros derechos como trabajadores. En esa creencia, la participación es fundamental de todos/as como principio que nos ha guiado como organización anarcosindicalista, en la que las decisiones se deben tomar con el mayor respaldo de los propios trabajadores, frente al dirigismo mostrado por el denominado sindicalismo institucional. Es esta premisa la que nos lleva a pediros vuestra confianza, apoyo y vuestro voto para quienes hemos decidido que sean vuestros representantes y quienes asuman vuestra defensa frente al Gobierno Municipal, sea del color que sea. 
NUESTRAS REVINDICACIONES
.-Recuperación del poder adquisitivo, incluyendo en el futuro Convenio Colectivo la cláusula de revisión salarial. - Recuperación de los derechos Sociales arrebatados con la supresión de determinados artículos del Convenio Colectivo vigente hasta en julio de 2013. - Recuperar la jornada laboral de 35 horas., (1.505 horas anuales). - Negociación al inicio del año, todos los cuadrantes de los distintos departamentos. Compensándose los excesos de jornada con días libres con una semana adicional de vacaciones. PLAN DE EMPLEO
. Recuperar la Gestión Directa de todos los servicios que a lo largo de los últimos años se han privatizados, garantizando el empleo público, estable y de calidad..
 HORAS EXTRAS 
. Abogamos por la eliminación total de todas las horas extraordinarias y su realización por trabajadores desempleados, apostando con ello por el empleo público y de calidad.
 SALUD LABORAL 
. Hacer cumplir la legislación en materia de riesgos laborales. . Respetar la Salud de todos los trabajadores/as, velando por el cumplimiento de todas las normas y reglamentos, que impidan exponerlos a riesgos para su salud personal en el ejercicio de sus funciones laborales. . Facilitar por cuenta del Ayuntamiento de los medios o recursos económicos necesarios para asistir a las revisiones anuales, cuando sean fuera del municipio.
 FORMACION 
. Facilitar a todos los trabajadores/as el Plan Anual de Formación, presentando junto a él la memoria del anterior ejercicio, para evitar la duplicidad de alumnos en los mismos cursos. . Transparencia en el desarrollo de los cursos, con amplia información a todos los trabajadores.
 TRASLADOS 
. La Comisión de Salud Laboral será la encargada de controlar los traslados de trabajadores por motivos de salud, evitando con ello la arbitrariedad en ello.
 FUCIONALIZACIÓN 
. Acometer el estudio y la posibilidad de la conversión del personal laboral en funcionario, atendiendo las demandas que en tal sentido se puedan plantear por parte de los trabajadores que lo soliciten. Siempre dejando a la libre decisión de afectado.
Nuevo lema de ese sindicato: CON LA CGT SI HABRÁ TRAICIÓN.
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